viernes, 12 de noviembre de 2010

Merkel asegura que la UE no dejará hundirse a Irlanda

La canciller alemana Angela Merkel ha declarado esta madrugada en Seúl que la Unión Europea está preparada para afrontar todos en la crisis irlandesa. Merkel ha intentado frenar la escalada de ataques especulativos contra la deuda irlandesa asegurando que se equivocan quienes piensan que Europa permitirá que uno de sus países incurra en suspensión de pagos.
Aunque el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ya recordó ayer que la UE dispone del fondo de estabilización financiera para hacer frente a crisis como la irlandesa, la declaración de Merkel tiene más valor por venir del país que más remiso se ha mostrado a las operaciones de rescate. Merkel ha hecho estas declaraciones durante la reunión del G-20 en Seúl (Corea), donde ayer abordaron la situación de Irlanda los ministros de Finanzas de Alemania, Francia y Reino Unido.
Reticencias irlandesas
Tras una semana en la que se han redoblado los ataques de los mercados contra la deuda irlandesa -y, de rebote, contra las economías más débiles de la zona euro-, la Comisión Europea se vio el jueves obligada a admitir por primera vez la posibilidad de un rescate público a Irlanda.
Dublín no se demoró en responder. Un portavoz del Ministerio de Finanzas irlandés insistió en que su país no necesita ayuda de la UE para salir de la crisis a pesar de la deuda récord, que la isla "está en condiciones de pagar", como lo demuestra, según agrega este mismo portavoz, el hecho de que Irlanda emita de nuevo deuda en 2011 para "refinanciar" las arcas públicas.
Irlanda tiene muchas cosas en contra y alguna a favor. Entre las primeras, las dudas crecientes sobre la viabilidad de reducir un déficit público que este año alcanzará el vertiginoso porcentaje del 32% del PIB. Y, como consecuencia, unos costes de financiación que no paran de crecer. La prima de riesgo -es decir, la diferencia entre lo que paga por los bonos a diez años frente a lo que paga Alemania, el país considerado más seguro- estaba a finales del mes pasado en 400 puntos básicos (cuatro puntos porcentuales). Pues bien, ayer superó los 610 puntos y hoy ya están en los 680, unas marcas insostenibles si se mantienen ahí a medio plazo. Uno de los pocos factores que tiene a su favor el antes llamado tigre celta es que no tiene que salir a refinanciarse hasta mediados del año que viene. Es decir, dispone de unos meses de margen para que estas primas vuelvan a niveles más normales. Si no, la única salida será un programa para reestructurar sus pagos.
Pero los problemas no se quedan en Irlanda. Las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas se contagian a Grecia, Portugal y, en menor medida, España. Así, la prima de riesgo de la dueda griega supera ya los 940 puntos (ayer estaba en 900) y la portuguesa roza los 490 (ayer, en 465). España se mantiene en máximos de 214, cuando el miércoles rondaba los 210.
Los CDS, o costes de seguro de impago, de estos países también se están disparando, lo que significa, una vez más, que el riesgo asociado a los países de la periferia de la eurozona aumenta considerablemente.
Además de las dificultades irlandesas para cuadrar sus cuentas, esta nueva oleada de ataques especulativos obedece a las dudas sobre el mecanismo de rescate que quiere aprobar Alemania el próximo mes de enero. La canciller Angela Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, pactaron a mediados de octubre que en los rescates tendría que participar el sector privado, lo que significa que deberían aceptar una quita sobre el total adeudado. La consecuencia ha sido lógica: los inversores se anticipan a esta suspensión de pagos y solo se ofrecen a comprar deuda de los países en peligro si estos les ofrecen un rendimiento mayor. Este mecanismo perverso es el que puede desembocar en una petición de rescate a la UE, que en mayo aprobó un fondo de 750.000 millones de euros para apoyar a cualquier país miembro en problemas. La ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, echó ayer más leña al fuego al mencionar la posibilidad de que el sector privado tenga que participar en la suspensión de pagos de algún país europeo

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