El Tribunal de la UE confirma una multa al sector del tomate de Extremadura

  El Tribunal General de la UE rechazó hoy un recurso presentado por España contra una multa de cuatro millones de euros al sector del tomate para industria en Extremadura, impuesto por la Comisión Europea (CE) y, en consecuencia, confirmó dicha sanción.

La Justicia comunitaria dictó sentencia sobre una demanda del Gobierno español, quien pidió a los jueces de la UE que anularan la penalización que la CE impuso en 2007 por irregularidades en los controles en Extremadura a la producción de tomate para transformación.

La CE excluyó de las ayudas comunitarias 4.090.316,46 euros, correspondiente al cinco por ciento de los gastos declarados por las autoridades españolas respecto de la producción de alimentos transformados a base de tomates para los ejercicios 2003 y 2004.

La multa se aplicó porque, según la Comisión, no se vigilaban adecuadamente las entregas de tomate declaradas.

En su sentencia, el Tribunal General dio la razón al Ejecutivo comunitario y desestimó el recurso español.

El Tribunal avaló los argumentos esgrimidos por la CE, quien criticó la organización de los controles, porque tenían un horario de 8 a 19 horas y permitían saber a los agricultores que pasada esa hora nunca habría inspectores.

En la sentencia, los jueces comunitarios señalaron que la vigilancia "no fue eficaz" porque las inspecciones no se efectuaron de manera inesperada ni durante los períodos adecuados, como exige la normativa comunitaria.

España solicitó que se anulara la multa y argumentó la inexistencia de las irregularidades, además del carácter desproporcionado de la sanción.

El Tribunal apoyó también a la CE en su alegación sobre la falta de cotejo de los registros por parte de los inspectores nacionales.

La Justicia comunitaria recalcó que la normativa de la UE impone a los Gobiernos la obligatoriedad de comprobar tales registros, así como de compararlos con los datos de las organizaciones de productores y las industrias.

Los jueces europeos manifestaron que la CE demostró que las deficiencias detectadas obstaculizaron la vigilancia necesaria para garantizar la "regularidad" de la subvención concedida por la UE.